En Honduras, la democracia solo puede sostenerse si existe equidad en la competencia electoral. Cuando el partido oficialista Libre utiliza la televisión estatal para hacer propaganda política, no solo incurre en abuso de poder, sino en una violación abierta de la Ley Electoral y de la Constitución de la República.
No es la primera vez que desde el poder se pretende usar el aparato estatal para favorecer a un partido. A lo largo de la historia, el uso de recursos públicos para fines electorales ha sido la puerta de entrada al autoritarismo y al fraude político. Precisamente por eso la ley lo prohíbe de manera tajante: la Ley Electoral, en su artículo 16 numeral 10, establece que ningún recurso del Estado puede usarse en campaña; y la Constitución, en sus artículos 45, 60 y 222, garantiza que todos los hondureños compitan en igualdad de condiciones, sin privilegios indebidos.
Lo que hoy presenciamos es un delito electoral, disfrazado de comunicación oficial. Con ello no solo se manipula la señal pública, sino que se erosiona la confianza ciudadana en que el proceso electoral será limpio y justo. En lugar de servir al pueblo, los medios estatales se convierten en la voz de un partido único, una práctica más cercana a regímenes autoritarios que a una república democrática.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya admitió una denuncia por este abuso. Ahora tiene la obligación de actuar con firmeza, no con tibieza. Debe sancionar al partido responsable con multas ejemplares, suspender de inmediato la propaganda estatal partidista y aplicar sanciones administrativas a los funcionarios que han permitido el uso ilegal de medios públicos.
Cualquier otra respuesta sería legalizar el ventajismo y normalizar la impunidad electoral. Honduras no merece que sus elecciones se conviertan en un simple trámite manipulado desde el poder.
Los hondureños no podemos callar ante este atropello. La señal estatal, la institucionalidad, el erario y los bienes públicos no son propiedad del partido en turno: pertenecen al pueblo. Permitir que un gobierno los use como herramientas de propaganda es traicionar el principio de igualdad y destruir la confianza en las urnas.
Hoy debemos levantar la voz con claridad: ningún voto vale si no se respeta la ley. Ninguna elección es legítima si se construye sobre la trampa y el abuso de poder. Defender la democracia es un deber patriótico. Por eso exigimos al CNE que cumpla con su mandato y a cada ciudadano que asuma su papel de vigía y defensor de la República.
Porque Honduras no necesita partidos que se apropien del Estado. Honduras necesita ciudadanos valientes, instituciones firmes y elecciones limpias.
