La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 51,000 hondureños en Estados Unidos tendrá efectos significativos tanto en las familias migrantes como en la economía de Honduras, particularmente en el flujo de remesas con un millonario impacto para el país.
Así lo advirtió el abogado Ilich Cornejo, especialista en temas migratorios, quien señaló que la cancelación del TPS podría representar una reducción de hasta 1,000 millones de dólares -poco más de 26,000 millones de lempiras– anuales en ingresos familiares por concepto de remesas.
En ese sentido, Cornejo explicó a noticiero Hoy Mismo de TSi, que solo en 2024, Honduras recibió más de 9,700 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
«El impacto económico es grande, sí, porque el año pasado recibimos 10,000 millones de dólares en remesas. Si estos 50,000 hondureños regresan, indudablemente es un impacto económico. Estaríamos hablando de casi 1,000 millones de dólares menos en remesas que van a ingresar al país», precisó el especialista sobre el impacto del fin del TPS.
El impacto en los hogares y el trabajo
La repatriación forzada de los beneficiarios del TPS—quienes sostienen económicamente a sus familias en Honduras—golpeará duramente al país y superará incluso el aporte de sectores clave como las maquilas y las exportaciones agrícolas al haber una reducción de las remesas.
El especialista también advirtió que el fin del TPS pondrá en riesgo la estabilidad de las comunidades migrantes, ya que muchos hondureños no tienen posibilidad de ajustar su estatus y quedarían en la ilegalidad, sin permiso de trabajo ni acceso a beneficios básicos como seguros médicos o licencias de conducir.
Organizaciones piden respuestas ante inminente crisis migratoria
Ante este escenario, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al gobierno de Honduras a establecer mecanismos que den «respuestas oportunas y efectivas» a los hondureños afectados.
Según información de EFE, la defensora de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, alertó que la mayoría de los beneficiarios lleva más de 25 años residiendo en Estados Unidos, donde han formado familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
Reyes lamentó que la cancelación del programa dejará a los hondureños «sin ninguna protección» y en riesgo de ser separados de sus familias.
Además, enfatizó que muchos no cuentan con los medios para regresar ni adaptarse al país, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo de vulneración de derechos.
La defensora también alertó sobre los riesgos de deportación inmediata, ya que los beneficiarios del TPS están plenamente identificados en los registros migratorios de Estados Unidos, lo que facilitaría operativos de detención tras el vencimiento del estatus.
60 días antes de la pérdida de estatus
La decisión judicial de la cancelación del TPS fue tomada por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California, que revirtió una orden previa que mantenía el amparo para los hondureños y otros grupos protegidos.
Esta resolución autoriza al gobierno estadounidense a concluir el TPS, amparándose en su facultad para definir la política migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha confirmado que los beneficiarios del TPS tendrán solo 60 días de gracia, lo que implica que, a partir del 8 de septiembre de 2025, perderán su estatus legal, su permiso de trabajo y otros beneficios.
Dicha situación también afecta a alrededor de 3,000 nicaragüenses, quienes quedarán en la misma condición de vulnerabilidad.
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), al cierre de 2024 el país recibió 9,743 millones de dólares en remesas, reflejando un crecimiento del 6.2 % en comparación con el año anterior.
Sin embargo, la cancelación del TPS amenaza con revertir esta tendencia al frenar el envío de dinero desde Estados Unidos.
Entre enero y julio de 2025, Honduras captó más de 6,900 millones de dólares, un incremento del 25.2 % respecto al mismo periodo de 2024.
No obstante, analistas advierten que estas cifras podrían estancarse o caer bruscamente si miles de migrantes son deportados y pierden sus empleos, reduciendo su capacidad de enviar recursos a sus familias en el país.
