Choloma, Cortés
Una denuncia de alto impacto sacude la administración municipal de Choloma. Ya que, según un documento oficial emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, titulado “Detalle por Tipo de Deducción – Cuota Partidaria”, Son 377 empleados municipales los que fueron objeto de deducciones entre el 16 y el 31 de marzo de 2024, bajo el concepto de “cuota partidaria”. Los montos descontados oscilan entre L 150 y más de L 300 por persona, acumulando un total de L 69,336.36 en solo medio mes.
Si esta práctica se mantiene mes a mes, el cálculo anual asciende a L 832,036.32, una cifra alarmante que exige rendición de cuentas y acción inmediata por parte de las autoridades competentes.
La deducción de cuotas partidarias es una práctica de los partidos políticos sobre todo cuando se ostenta el poder y cuando los empleados no las pagan son despedidos sin miramientos, así que, aunque digan que el consentimiento es voluntario y escrito esto vulnera varios marcos legales hondureños:
- Código del Trabajo – Artículo 367
“Ninguna deducción puede hacerse sin el consentimiento escrito del trabajador, salvo las obligatorias por ley.” Las cuotas partidarias no son obligatorias por ley. Si no hay autorización expresa, se incurre en una violación directa de los derechos laborales.
- Constitución de la República – Artículo 60
“Nadie puede ser obligado a formar parte de una organización política.” Si estas deducciones están ligadas a afiliación partidaria impuesta, se estaría coaccionando políticamente a los empleados públicos.
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Prohíbe el uso de fondos públicos para financiar partidos políticos. Si el dinero deducido se canaliza hacia actividades partidarias, estaríamos ante un caso de malversación de fondos públicos, lo cual constituye delito penal.
La falta de transparencia sobre el destino de los fondos deducidos agrava la situación. ¿Está siendo administrado por el partido político? ¿Se utiliza para campañas, propaganda o eventos? ¿Se canaliza desde la municipalidad hacia estructuras partidarias sin control fiscal?
Estas preguntas son clave, especialmente considerando que más de L 830 mil lempiras al año están siendo extraídos del salario de empleados públicos. Este dinero podría estar destinado a programas sociales, becas, medicamentos o mejoras comunitarias. En cambio, parece estar siendo utilizado para fines políticos, sin rendición de cuentas.
Esta situación genera un ambiente de desconfianza y vulnerabilidad dentro del personal municipal.
Ante la gravedad del caso, procede:
- Una auditoría inmediata por parte del Tribunal Superior de Cuentas.
- Una investigación penal por el Ministerio Público.
- La restitución de fondos a los empleados afectados.
- Sanciones administrativas y legales a los responsables de esta práctica.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la ética de la administración municipal de Choloma, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿Cuántas otras municipalidades están haciendo lo mismo en silencio?
La ciudadanía merece transparencia, respeto y justicia. Y los empleados públicos merecen que su salario no sea utilizado como caja chica de ningún partido político.
