El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha escalado la tensión preelectoral al confirmar que presentará una solicitud formal y por escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener copias de las actas de resultados de las cruciales elecciones presidenciales de noviembre. La exigencia militar, disfrazada de «mandato constitucional», es vista por críticos como una injerencia flagrante y un pulso inaceptable al poder civil.
«Lo que hemos hecho no es injerencia, son facultades que nos otorga la Constitución. Nuestra labor es garantizar el orden, la seguridad y la transparencia del proceso», declaró un desafiante Hernández. El general insiste en que su intención es solo «acompañar» el desarrollo electoral, pero su acción ha polarizado el debate sobre el papel de la Fuerza Armada en la joven democracia hondureña.
Hernández confirmó que, siguiendo la sugerencia de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, formalizará la petición. «Es un planteamiento respetuoso, que quedará en manos del pleno del CNE. Si ellos deciden aprobar o rechazar, nosotros respetaremos su decisión», expresó, aunque la sola presentación de la solicitud ya ha sido interpretada como una presión de alto nivel.
«No sirve a la bandera, sino a Libre»
La respuesta más contundente provino del exjefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez Velásquez, quien lanzó un ataque frontal contra su sucesor, acusándolo de traición institucional. «El cabo Roosevelt ya no sirve a la bandera, sino a Libre y al familión», sentenció Vásquez. En un incendiario mensaje dirigido a la tropa, exigió: «¡No confundan patriotismo con servilismo, ni obediencia con traición a la patria!», elevando la controversia a un conflicto de lealtades internas en la institución castrense.
Desde el espectro político, el dirigente liberal José Luis Moncada fue lapidario, sugiriéndole al jefe castrense que su tiempo está contado: «Mejor que cuente los días que le quedan en las Fuerzas Armadas».
UNAH Alerta de «Retroceso Democrático»
En un golpe institucional a la postura militar, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) intervino con una postura académica que refuerza los límites civiles. En un pronunciamiento inequívoco, la UNAH recordó que el Artículo 272 de la Constitución es claro: la participación militar se restringe al resguardo y la logística. Advirtió que cualquier intento de las Fuerzas Armadas de ampliar esas funciones más allá de lo estipulado «representaría un retroceso democrático«.
A pesar del alud de críticas y la clara delimitación legal, Hernández se mantiene inamovible, prometiendo cumplir su papel «con respeto a la ley, sin inclinarse ante ningún interés político». No obstante, su exigencia de las actas ha encendido una mecha institucional, poniendo en tela de juicio el frágil equilibrio entre el poder civil y la bota militar en la antesala de los comicios.
