El exfiscal general de la República y exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó como sumamente preocupantes las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, quien admitió que un oficial de las Fuerzas Armadas habría participado en el retraso del transporte de material electoral durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
Orellana señaló que esta es la primera vez que desde el alto mando militar se reconoce una acción directa de un miembro activo en la alteración de un proceso electoral, lo que —dijo— representa un atentado contra la democracia y el orden constitucional. “No se puede minimizar un hecho de esta magnitud; se trata de una violación abierta a la Constitución y al derecho al voto”, expresó en entrevista con Radio HRN.
El exfiscal exigió que el oficial señalado sea entregado de inmediato al Ministerio Público (MP) y no simplemente separado de su cargo. “No se trata de marginarlo ni de ocultarlo. Si el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo admite, debe ponerlo a disposición del MP. Este caso no puede quedar impune”, enfatizó.
Asimismo, Orellana criticó la pasividad de las autoridades judiciales, asegurando que se han enfocado en aspectos secundarios, como la contratación de transporte, mientras ignoran el hecho más grave: la detención intencional del traslado del material electoral. También recordó que el propio jefe militar había negado anteriormente cualquier participación castrense en el incidente, por lo que su nueva versión —dijo— marca un cambio preocupante en el discurso institucional.
Finalmente, advirtió que si este caso no se investiga y sanciona conforme a la ley, se sentará un precedente peligroso para futuros procesos electorales. “Si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer. El Ministerio Público debe actuar de oficio; de lo contrario, su silencio se convierte en complicidad”, concluyó.
Las declaraciones de Orellana reavivan el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los comicios, su subordinación al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la necesidad urgente de garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular en las elecciones generales de 2025.
