En un Estado de derecho, el bien jurídico que se protege por excelencia es la vida humana, y junto a ella, de manera inseparable, el derecho a la salud. Ninguna decisión administrativa, mucho menos un decreto de feriado, puede colocarse por encima de estos principios fundamentales. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) demuestra que, para algunas autoridades, la comodidad administrativa pesa más que la dignidad de los pacientes.
La decisión de decretar feriados prolongados en el Seguro Social, sin prever mecanismos alternos de atención ni garantizar el suministro continuo de medicamentos, constituye una actuación irresponsable y carente de sensibilidad humana. No se trata de un simple error de planificación: es una muestra de desconexión absoluta con la realidad de miles de hondureños que dependen diariamente de tratamientos médicos para vivir.
Las escenas de finales de año —pacientes oncológicos, diabéticos e hipertensos esperando durante tres, cuatro o hasta seis horas para luego encontrar las farmacias cerradas— no son anecdóticas. Son el reflejo de un sistema que ha olvidado su razón de ser. En salud, interrumpir tratamientos no es neutral: interrumpir tratamientos es poner vidas en riesgo.
Resulta urgente repensar estructuralmente el modelo de atención sanitaria. La implementación de farmacias periféricas con modalidad de autoservicio, tanto para usuarios en vehículo como para personas a pie, en las principales cabeceras departamentales, permitiría acercar los servicios de salud, descongestionar las farmacias centrales y garantizar el acceso oportuno a medicamentos ya prescritos. Esta no es una idea innovadora ni costosa; es una medida de sentido común y humanidad básica.
El problema de fondo, sin embargo, es más profundo. Existe una peligrosa tendencia a concebir la función pública como un empleo cualquiera, como una chamba, desligada de su verdadera naturaleza: el servicio a la nación y a la vida humana. Quienes hoy toman decisiones desde un escritorio deben recordar una verdad elemental: los funcionarios de hoy pueden ser los pacientes de mañana. La enfermedad no distingue cargos, ideologías ni rangos administrativos.
La falta de empatía y conciencia social en la gestión pública de la salud no solo vulnera derechos; deshumaniza al Estado. Gobernar, administrar o dirigir una institución sanitaria exige vocación de servicio, sensibilidad humana y responsabilidad ética, no únicamente cumplimiento de horarios o calendarios oficiales. En el ámbito de la salud, cerrar una farmacia por feriado sin alternativas es equivalente a cerrar la puerta a la esperanza de un paciente.
El marco jurídico es contundente.
La Carta Interamericana de Derechos Humanos, mediante el Protocolo de San Salvador, reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y obliga a los Estados a garantizar el acceso efectivo, continuo y sin discriminación a los servicios sanitarios. Honduras ha suscrito estos compromisos y no puede incumplirlos por conveniencia administrativa.
La Constitución de la República de Honduras establece que la dignidad humana es inviolable y que el Estado tiene la obligación indeclinable de proteger la vida y garantizar el derecho a la salud. Las leyes sanitarias nacionales refuerzan este mandato al reconocer la salud como un derecho universal, no sujeto a suspensiones arbitrarias ni a feriados extensos mal planificados.
Cuando el Estado incumple estas obligaciones, las consecuencias son graves: se agravan enfermedades, se incrementan los costos del sistema por complicaciones evitables, se erosiona la confianza ciudadana y se deteriora la imagen institucional del país. Un Estado que abandona a sus enfermos pierde autoridad moral y legitimidad social.
Transformar el sistema de salud hondureño requiere algo más que reformas administrativas. Exige humanizar la función pública, descentralizar los servicios, garantizar continuidad en la atención y recordar que la salud no es un privilegio ni una concesión del poder, sino un derecho fundamental. Los derechos no se suspenden por decreto. Y la vida, mucho menos, entra en feriado.
