A solo 17 días de entregar el mando, la presidenta Xiomara Castro anunció de forma sorpresiva la revocatoria de la denuncia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Mediante instrucciones al canciller de la República, el Ejecutivo dejó sin valor ni efecto las notas verbales de agosto de 2024 que pretendían poner fin al convenio. Según el comunicado oficial, esta decisión busca reafirmar el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras haber entregado a más de 52 personas solicitadas por la justicia estadounidense durante su gestión.
La mandataria justificó que la denuncia inicial del tratado fue una respuesta a supuestas «amenazas» contra el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, hoy ministro de Defensa. Sin embargo, este cambio de postura ocurre en un momento de extrema debilidad política para el oficialismo y apenas días antes de que el presidente electo, Nasry Asfura, tomara posesión; quien ya había adelantado que su primera acción de gobierno sería reactivar la extradición para garantizar la cooperación internacional.
A pesar de retomar el convenio, Castro no ahorró críticas hacia Washington, calificando como una “grave contradicción” el indulto otorgado en EE. UU. a Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena por narcotráfico. La presidenta señaló que este tipo de medidas unilaterales por parte de la justicia norteamericana debilitan los esfuerzos regionales y ponen en riesgo la eficacia de los operativos conjuntos. Esta retórica mantiene la tensión diplomática, incluso mientras se restaura la herramienta jurídica más temida por las estructuras criminales.
El anuncio ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores, dado que ocurre pocas horas después de que la mandataria sancionara un decreto legislativo que desconoce los resultados electorales y ordena un conteo paralelo. Para muchos analistas, la reactivación de la extradición es una «cortina de humo» o un intento desesperado de suavizar la imagen internacional del Gobierno frente a las acusaciones de «autogolpe de Estado» que pesan tras la kilométrica sesión legislativa donde se vulneró la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En definitiva, Honduras cierra el periodo de transición en un escenario de total incertidumbre. Por un lado, se restablece un mecanismo clave de seguridad con EE. UU., pero por otro, se mantiene vigente la amenaza a la alternabilidad en el poder y a la paz social. La reactivación del tratado parece ser el último movimiento de una partida de ajedrez político donde el oficialismo intenta ganar tiempo o legitimidad mientras el país enfrenta una de sus crisis institucionales más agudas de la última década.
