Jueza federal detiene temporalmente la cancelación de programas de reunificación familiar en EEUU
La jueza Indira Talwani otorgó una suspensión de 14 días que frena la eliminación de los programas Family Reunification Parole, beneficiando a migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Cuba, Ecuador y Haití.
Tegucigalpa, Honduras – Una jueza federal de Estados Unidos frenó temporalmente la eliminación de programas de reunificación familiar que beneficiaban a migrantes de Honduras y otros países.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts, tras una moción de emergencia presentada por abogados de los migrantes afectados.
La orden judicial concede una suspensión de 14 días a la intención del Gobierno de poner fin a estos programas migratorios humanitarios, conocidos como Family Reunification Parole (FRP), que permitían a ciertos familiares de ciudadanos o residentes legales de EEUU permanecer en el país mientras esperan visas u otros trámites.
Los programas de reunificación familiar estaban programados para terminar el 14 de enero de 2026, después de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciada el 12 de diciembre de 2025, que buscaba eliminar las protecciones bajo el argumento de abusos y fallas de verificación.
La medida beneficia a migrantes originarios de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, incluyendo a miles de personas que podrían haber perdido su estatus legal y tener que abandonar Estados Unidos si el programa se hubiera cancelado.
Según la resolución, los demandantes lograron demostrar que la cancelación del programa sin revisión judicial podría causar daño irreparable, especialmente a familias y niños, por lo que la jueza consideró justificada la orden temporal.
La jueza también exigió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), entregar documentación administrativa que respalde su decisión de terminar los programas, y las autoridades tienen la posibilidad de apelar el fallo, por lo que el futuro definitivo de los programas dependerá de nuevas decisiones judiciales.
