El Ejecutivo que concluye su mandato decidió otorgar una nueva prórroga al proceso de licitación mediante el cual se busca adjudicar la operación de la Base de Operaciones Fijas (FBO) para aeronaves privadas en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. La determinación ha vuelto a colocar el tema en el centro del debate público, debido al momento político en el que se produce y al impacto económico del contrato.
De acuerdo con información oficial, la recepción de ofertas fue reprogramada para el 16 de febrero de 2026, en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., luego de que las fechas previamente establecidas —8 y 14 de enero— fueran modificadas. La ampliación fue comunicada por el Servicio Aeroportuario Nacional y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, responsables del proceso administrativo.
La convocatoria se originó el 26 de diciembre de 2025, apenas semanas antes de la transición presidencial fijada para el 27 de enero, cuando asumirá el presidente electo Nasry Asfura. Este factor ha despertado inquietud en distintos sectores, que consideran inconveniente avanzar con contratos de esta naturaleza en la etapa final de una administración.
Especialistas en temas de inversión pública advierten que decisiones tomadas en períodos de cierre gubernamental pueden generar conflictos legales, falta de continuidad institucional y riesgos para los oferentes, particularmente cuando involucran activos estratégicos del Estado.
El contrato en cuestión comprende la administración de espacios destinados a la aviación ejecutiva, incluyendo hangares, áreas operativas y oficinas, en una extensión superior a los quince mil metros cuadrados. La empresa que resulte adjudicada deberá asumir la prestación de servicios especializados, mantenimiento de infraestructura y atención a usuarios, sin adquirir derechos de propiedad sobre el inmueble.
Bajo la figura de arrendamiento neto triple, el operador será responsable de todos los costos operativos y de inversión, lo que eleva significativamente el monto de capital requerido para participar en el proceso.
En este contexto, el Aeroclub San Pedro Sula, que ha gestionado estas instalaciones desde 2020 tras los daños ocasionados por los fenómenos Eta e Iota, anunció su retiro del concurso. La organización señaló que el nivel de inversión exigido supera los 80 millones de lempiras, una cifra que consideran incompatible con la rentabilidad del contrato propuesto.
Representantes del sector privado han manifestado su preocupación por las condiciones establecidas. El titular regional de la ANDI, Fuad Handal Katimi, cuestionó la rapidez del proceso y planteó la necesidad de revisar las bases para asegurar viabilidad financiera y transparencia.
Por su parte, el exdirigente de la CCIC, Roberto Reyes Silva, expresó que, aunque modernizar los servicios aeroportuarios es un objetivo legítimo, la coyuntura política actual no ofrece las garantías necesarias para un proceso de esta magnitud.
Desde la administración aeroportuaria se reiteró que el procedimiento cumple con la normativa vigente y que no implica privatización alguna. Además, se indicó que el operador actual fue informado con antelación suficiente sobre la decisión de licitar.
Aun así, voces técnicas sostienen que será responsabilidad del próximo gobierno evaluar el futuro de este contrato, considerando su impacto en la aviación privada, la competitividad logística del país y la confianza de los inversionistas en la institucionalidad hondureña.
