Tegucigalpa, Honduras. Según el requerimiento fiscal, los acusados operaron los fondos del Fondo de Administración Solidaria (FAS) desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aprobando pagos y transferencias irregulares a empresas y personas vinculadas a la red, que no ejecutaron los proyectos sociales previstos. Se estima que más de 6 millones de lempiras fueron desviados mediante documentos falsos, cheques y contratos simulados.
La Fiscalía detalla que Cuéllar y Cardona habrían liderado la red, mientras que otros funcionarios facilitaban la emisión de pagos sin respaldo legal y la manipulación de informes de ejecución, para aparentar que los programas sociales se implementaban correctamente.
Además, se señala que el esquema incluía la aprobación de gastos fantasmas, cancelaciones a proveedores inexistentes y la alteración de balances internos, con lo que se ocultaba el desfalco y se dificultaba la supervisión de los auditores.
También detalla como coordinaban pagos directos a terceros sin verificación y utilizaban proveedores ficticios, creando la apariencia de que los programas sociales se ejecutaban correctamente mientras los fondos eran desviados para beneficio propio o de la red.
