El Congreso Nacional aprobó un conjunto de amnistías especiales orientadas a aliviar cargas financieras acumuladas por distintos sectores de la población, permitiendo regularizar deudas y trámites pendientes bajo condiciones excepcionales. Las disposiciones abarcan áreas fiscales, migratorias, energéticas, vehiculares, telecomunicaciones y servicios básicos.
Uno de los ejes centrales es la amnistía fiscal, cuya vigencia fue extendida a cuatro meses a partir de la entrada en vigor del decreto. Esta medida permitirá a contribuyentes ponerse al día con el Estado sin el pago de multas, recargos ni intereses, facilitando la regularización de obligaciones atrasadas.
En el ámbito migratorio, el Legislativo aprobó una prórroga por un año de la amnistía vigente, extendiéndola hasta el 31 de diciembre de 2026. El beneficio está dirigido a personas con trámites pendientes o sanciones administrativas, permitiéndoles regularizar su estatus sin penalidades adicionales.
El paquete también incluye una amnistía energética para usuarios con deudas ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La medida exonera multas, recargos e intereses, permitiendo cancelar únicamente el consumo real de energía. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con la opción de firmar convenios de pago por un período de dos meses.
En materia vehicular, se estableció una amnistía de dos meses para propietarios con obligaciones pendientes ante el Instituto de la Propiedad (IP), correspondientes al año fiscal 2025 o períodos anteriores. Los pagos podrán realizarse sin sanciones, incluyendo tasas de matrícula, registros y tributos municipales.
De forma excepcional, el Congreso autorizó un plazo de dos años para la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas extranjeras, sin importar su procedencia. Para automotores modelo 2010 o anteriores, se fijó un pago único de L.10,000, que incluye la Matrícula Vehicular 2026.
Las amnistías también alcanzan a usuarios con deudas en Hondutel, permitiendo la cancelación de saldos pendientes sin multas, recargos ni intereses, como parte del esfuerzo por sanear cuentas y recuperar servicios.
En cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, el beneficio aplica a deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá aprovecharse durante dos meses desde la vigencia del decreto, independientemente de si el proveedor es estatal, municipal, comunitario o concesionado.
