El nuevo ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció este jueves el fin del estado de excepción en Honduras, asegurando que no habrá más suspensión de garantías constitucionales y que el país avanzará hacia una estrategia de seguridad más focalizada, selectiva y basada en inteligencia.
Velásquez afirmó que el Gobierno ha tomado la decisión de cerrar el capítulo del estado de excepción, una medida que se mantuvo vigente por varios meses como respuesta a la criminalidad, pero que generó crecientes cuestionamientos por sus efectos sobre los derechos fundamentales de la población.
“El combate al crimen no puede seguir descansando en la suspensión de derechos constitucionales. Vamos a implementar intervenciones puntuales en zonas específicas, con base en análisis criminal y trabajo de inteligencia, sin afectar de manera generalizada a la ciudadanía”, señaló el funcionario.
El anuncio se da en medio de un amplio debate nacional e internacional sobre los resultados del estado de excepción. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó durante su vigencia graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil denunciaron que la medida debilitó el Estado de derecho, normalizó la presencia militar en tareas de seguridad ciudadana y afectó especialmente a comunidades vulnerables, sin que se observaran resultados sostenibles en la reducción estructural de la violencia.
Velásquez aseguró que la nueva política de seguridad priorizará la persecución directa de estructuras criminales, el fortalecimiento de la investigación policial y la coordinación entre instituciones, dejando atrás los operativos masivos y las restricciones generales a las libertades individuales.
Finalmente, el ministro subrayó que su gestión buscará restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, garantizando el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las garantías constitucionales, en un país marcado por años de violencia y medidas extraordinarias que, según diversos sectores, no lograron los resultados esperados.
