El Estado hondureño trabaja en la elaboración de un manual obligatorio para los procesos de despido en las instituciones públicas, con el propósito de reducir las demandas laborales y evitar nuevas condenas económicas contra el erario, informó el procurador general de la República, Dagoberto Aspra.
El funcionario explicó que el nuevo protocolo definirá procedimientos claros y estandarizados para la ejecución de ceses laborales, corrigiendo prácticas irregulares que, en el pasado, han derivado en fallos adversos para el Estado.
Aspra advirtió que las sentencias laborales ya representan un impacto financiero de aproximadamente 1,900 millones de lempiras, de los cuales 1,200 millones han sido pagados mediante embargos a cuentas estatales, afectando directamente la operatividad de diversas instituciones.
Detalló que la mayor concentración de demandas proviene de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aunque también se registran casos en Hondutel y en la alcaldía de Choluteca, producto de despidos mal ejecutados.
Además, la Procuraduría General anunció que investigará posibles responsabilidades administrativas y penales de funcionarios que hayan actuado con negligencia o dolo durante estos procesos, con el objetivo de resarcir los daños causados al Estado.
El manual, que se fundamentará en el Código del Trabajo, será de cumplimiento obligatorio, y su incumplimiento acarreará responsabilidades directas para los funcionarios que autoricen o ejecuten despidos fuera del marco legal.
