
La audiencia inicial contra la diputada suspendida Isis Carolina Cuéllar, el exministro José Carlos Cardona y otros diez implicados en el caso de presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continuará el próximo martes 10 de febrero a las 9:00 de la mañana, confirmó la defensa legal de uno de los acusados.
El abogado Jaime Rodríguez, representante legal de uno de los imputados, señaló que durante la continuación de la audiencia el Ministerio Público deberá individualizar los cargos y detallar las pruebas que supuestamente vinculan a cada uno de los doce señalados en el proceso judicial.
Según explicó el togado, tras la ratificación del requerimiento fiscal realizada la semana anterior, corresponde ahora a la Fiscalía especificar los folios, medios probatorios y fundamentos con los que pretende acreditar la responsabilidad penal de cada imputado.
“Este martes tendremos claridad sobre en qué folio y bajo qué pruebas el Ministerio Público intentará sustentar la supuesta participación de las doce personas vinculadas a este caso”, expresó Rodríguez.
El profesional del derecho adelantó que la audiencia no concluirá en una sola jornada, ya que la defensa solicitará un plazo prudencial para analizar la documentación presentada y definir la estrategia legal correspondiente.
Rodríguez sostuvo además que la Fiscalía deberá demostrar la vinculación técnica de cada acusado con los hechos investigados, subrayando que no todos los señalados habrían obtenido beneficios directos de los supuestos actos ilícitos.
“El Ministerio Público difícilmente podrá acreditar la participación penal de ocho o nueve de los imputados, especialmente de quienes formaron parte de comisiones de verificación y no obtuvieron ningún beneficio”, afirmó.
Asimismo, calificó como un “criterio erróneo” atribuir de manera general los 67 delitos a todos los acusados, argumentando que la responsabilidad penal debe analizarse de forma individual, conforme al rol desempeñado por cada persona.
El caso Sedesol involucra presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y mantiene bajo proceso judicial a doce ciudadanos, entre ellos altos exfuncionarios y una diputada actualmente suspendida de su cargo.
La audiencia inicial se reanudará este martes en los juzgados competentes de la capital hondureña, en medio de una alta expectativa por el desarrollo del proceso.



