Un grupo de abogados presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de amnistía política que buscaría beneficiar a militares retirados implicados en hechos derivados de la crisis política de 2009, así como a ciudadanos civiles involucrados en procesos judiciales que, según los promotores, tendrían motivaciones ideológicas.
Entre los nombres incluidos figuran los generales retirados Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, quienes han sido señalados por delitos como asesinato y tentativa de asesinato relacionados con la muerte de Isis Obed Murillo el 5 de julio de 2009, en el marco de la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Mientras Cervantes y Puerto cumplen condena en la cárcel de Támara, Vásquez Velásquez permanece en condición de clandestinidad. El abogado Jaime Rodríguez, defensor de uno de los implicados, calificó los procesos como persecución política.
La propuesta también contempla a cuatro ciudadanos acusados de planear un atentado contra Zelaya: Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Gerardo Enrique Galeano, procesados por delitos de terrorismo.
Según el documento, la amnistía aplicaría cuando existan dudas razonables, falta de pruebas sólidas o motivaciones políticas detrás de los casos.
En paralelo, familiares de exempleados del Consejo Nacional Electoral (CNE), procesados por supuestas irregularidades en elecciones primarias, solicitaron incluir sus casos en la iniciativa.
Los jóvenes Dennis Emilio Hércules, José María Pastrana Sánchez, Juan Carlos Canales Lobo y Raúl Amílcar Rivera enfrentan cargos por fraude, violación de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
Luz María Hércules, madre de uno de los acusados, denunció que los expedientes permanecen paralizados en la Corte de Apelaciones y que los procesos han afectado seriamente la vida personal y laboral de los implicados.
“Mi hijo fue utilizado como chivo expiatorio por el gobierno anterior”, aseguró. Ahora, el Congreso Nacional deberá decidir si da trámite a esta propuesta, cuyo alcance podría generar repercusiones políticas y legales en varios casos pendientes.
