Educación, responsabilidad y Estado: un llamado urgente

Desde hace varios años, y particularmente a partir de las recientes administraciones municipales y nacionales, Tegucigalpa ha experimentado una proliferación acelerada de centros educativos privados instalados en zonas estrictamente residenciales. Muchos de ellos funcionan en viviendas adaptadas, sin planificación urbana visible, sin estudios de impacto vial, sin estacionamientos adecuados y, en algunos casos, sin las condiciones mínimas de infraestructura y seguridad que un centro educativo requiere.

Este fenómeno no ocurre de manera aislada. Paralelamente, han surgido en colonias residenciales pequeños negocios altamente generadores de ruido e impacto comunitario: restaurantes, bares e incluso establecimientos que claramente no guardan armonía con el entorno, afectando la tranquilidad y la dignidad de los vecinos, incluidos adultos mayores y niños.

Es innegable que Honduras enfrenta profundas carencias: falta de empleo, limitadas oportunidades de emprendimiento y deficiencias históricas en el sistema educativo público. Sin embargo, la solución no puede ser la flexibilización indiscriminada de permisos ni la improvisación administrativa. El desarrollo no se construye otorgando autorizaciones como si se tratara de un simple trámite sin consecuencias.

La Constitución de la República establece con claridad que la educación es un derecho fundamental y que corresponde al Estado garantizarla de manera gratuita y obligatoria. Ese mandato no es una declaración simbólica: es una obligación jurídica y moral. La prioridad nacional debería centrarse en fortalecer la educación pública, invertir en infraestructura digna, elevar la calidad docente y asegurar igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes del país.

Cuando la educación se convierte en un negocio sin regulación estricta, el riesgo es evidente: el interés económico puede terminar desplazando el interés superior del niño. La niñez hondureña no puede ser vista como mercado cautivo ni como oportunidad de lucro aprovechando la necesidad de las familias que buscan mejores opciones ante la debilidad del sistema estatal.

Asimismo, resulta legítimo exigir transparencia en el sector educativo. Quienes ejercen liderazgo magisterial o tienen influencia en las políticas educativas deben actuar con absoluta claridad ética, evitando cualquier percepción de conflicto de interés. La educación no puede convertirse en un espacio donde se mezclen intereses particulares con responsabilidades públicas.

Tegucigalpa necesita orden. Necesita planificación urbana responsable. Necesita autoridades que comprendan que el crecimiento sin regulación no es progreso, sino desorganización institucionalizada.

Las nuevas autoridades tienen la oportunidad histórica de corregir el rumbo: revisar permisos otorgados, exigir cumplimiento estricto de la normativa urbanística y educativa, y, sobre todo, apostar decididamente por el fortalecimiento del sistema público de enseñanza.

Fortalecer la educación del Estado no es una postura ideológica. Es un mandato constitucional. Es una responsabilidad social. Y es, ante todo, un compromiso con el futuro de Honduras.