El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, emitió una advertencia contundente a todas las instituciones públicas: ningún funcionario podrá ser contratado si mantiene demandas legales pendientes contra el Estado de Honduras. La medida se da en el marco de la depuración masiva de empleados públicos que impulsa la administración del presidente Nasry Asfura.
Durante una conferencia de prensa, Aspra enfatizó que los titulares de las instituciones que incumplan esta directriz serán sancionados y deberán retirar a cualquier empleado que no cumpla con este requisito. Además, la Procuraduría General de la República trabaja en un nuevo manual que establecerá de manera obligatoria los procedimientos legales para despidos, asegurando que las separaciones laborales se realicen conforme a la ley y sin generar perjuicios económicos al Estado.
“El objetivo es que los despidos tengan causas legítimas y claras, evitando así futuras demandas que afecten al Estado”, indicó Aspra. Según el funcionario, el manual incluirá pasos detallados para garantizar que los procesos sean transparentes y que se respeten los derechos de los trabajadores, diferenciando entre despidos con o sin responsabilidad del patrono.
Sin embargo, expertos en derecho laboral y exfuncionarios han cuestionado la medida. Wilson Paz, exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), recordó que la Constitución de la República y la legislación laboral hondureña, incluyendo la Ley del Servicio Civil y el Código del Trabajo, establecen derechos claros para los trabajadores y procedimientos específicos que deben seguirse en caso de despido.
Paz expresó preocupación por lo que considera una estrategia de despidos masivos con fines políticos: “Cada administración llega con compromisos partidarios, pero la forma en que se realizan los despidos es crucial. La ley establece pasos y garantías que no pueden ser ignoradas”, señaló. Además, alertó sobre traslados irregulares y cancelaciones de contratos que podrían generar litigios y afectaciones económicas al Estado si no se cumplen los procedimientos legales.
Analistas advierten que la implementación de esta directriz podría intensificar tensiones políticas dentro de la administración pública y generar conflictos con sindicatos y asociaciones de empleados, que podrían recurrir a tribunales para defender los derechos laborales de sus afiliados.
Con esta medida, el gobierno busca consolidar una política de control sobre el personal estatal, mientras enfrenta cuestionamientos sobre el equilibrio entre depuración administrativa y respeto a los derechos laborales.
