La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró que el juicio político en Honduras debe entenderse como un mecanismo de defensa de la democracia y no como un instrumento de castigo partidario. Según Castellanos, la Constitución asigna al Congreso Nacional un rol activo en la protección del Estado de Derecho, lejos de un papel meramente decorativo.
“Cuando el Estado de Derecho se fractura por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia manifiesta o decisiones que lesionan el interés nacional, el Legislativo está llamado a actuar”, enfatizó Castellanos. La funcionaria destacó que el juicio político tiene un alcance específico: la destitución de altos funcionarios únicamente cuando se acredita su responsabilidad funcional.
Castellanos recordó que la crisis electoral de noviembre de 2025 generó preocupación sobre la solidez de las garantías democráticas en el país, y subrayó la importancia de evaluar los hechos de manera institucional, sin sesgos partidarios. Además, advirtió que este tipo de conflictos no surge de manera aislada, señalando que decisiones y omisiones de legislaturas anteriores también influyeron en la tensión política y el bloqueo electoral.
Finalmente, la titular del CNA insistió en que el juicio político es un procedimiento excepcional, diseñado para situaciones extraordinarias: “No se trata de un instrumento de confrontación ni de revancha; se trata de un mecanismo creado precisamente para momentos excepcionales, con base en hechos y dentro del debido proceso”. Esta postura busca reforzar la percepción de que la aplicación de esta figura es un acto de responsabilidad institucional y protección del interés público.
