El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, reaccionó a la reciente decisión del Congreso Nacional de Honduras de modificar un artículo transitorio que concentraba facultades administrativas en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente ocupa Rebeca Ráquel Obando.
La reforma aprobada implica que las atribuciones relacionadas con nombramientos, traslados y cancelaciones de personal dentro del Poder Judicial ya no recaerán exclusivamente en la titular del máximo tribunal, sino que pasarán a ser competencia del pleno de magistrados.
Pérez explicó que dichas facultades habían sido concedidas de forma provisional mediante una disposición transitoria, cuyo objetivo era facilitar la organización interna del Poder Judicial en una etapa específica. No obstante, señaló que esa medida debía revisarse conforme avanzara el proceso institucional.
Según detalló el legislador, con la modificación aprobada las decisiones administrativas deberán contar con el respaldo de la mayoría de los 15 magistrados que integran la Corte Suprema. Es decir, se requerirá al menos el voto favorable de ocho togados para que las resoluciones tengan validez.
El parlamentario sostuvo que el cambio busca fortalecer la colegialidad en la toma de decisiones y ajustarse a lo establecido en la normativa vigente. A su juicio, la Constitución establece claramente que las resoluciones del pleno deben adoptarse por mayoría.
Asimismo, subrayó que la medida tiene carácter transitorio y que el siguiente paso debería ser la discusión y aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración y disciplina judicial.
En ese sentido, Pérez consideró prioritario que el Congreso retome el debate para integrar formalmente el Consejo de la Judicatura, con el fin de que asuma plenamente las funciones administrativas que corresponden al sistema judicial.
El diputado también rechazó las críticas que apuntan a una supuesta vulneración constitucional. Afirmó que la reforma no implica cambios a la Carta Magna, sino únicamente a un artículo transitorio contenido en un decreto legislativo.
De acuerdo con Pérez, este tipo de disposiciones requiere mayoría simple para su modificación, y recordó que la votación superó ampliamente los 65 votos necesarios, alcanzando más de 90 respaldos en el hemiciclo.
Finalmente, el congresista negó que exista interferencia entre poderes del Estado. Argumentó que si el Poder Legislativo fue quien otorgó temporalmente esas atribuciones administrativas, también está facultado para redefinirlas, insistiendo en que el proceso se realizó dentro del marco legal vigente.
