La actividad económica nunca se distribuye de manera uniforme. Siempre se concentra. Se agrupa en ciertas ciudades, en determinados corredores y alrededor de industrias específicas. Las empresas buscan proximidad a proveedores y clientes; los trabajadores migran hacia mercados laborales más amplios; el capital prefiere ecosistemas donde la información fluye rápido y el riesgo es predecible.
Durante gran parte de la historia, el lugar donde surgía esa concentración dependía casi exclusivamente de la geografía. Con el tiempo, los Estados comprendieron algo decisivo: las instituciones podían competir con la geografía. La seguridad jurídica atraía inversión. Los tribunales confiables reducían incertidumbre. La apertura comercial ampliaba mercados. La eficiencia administrativa disminuía costos. La lección fue clara: la gravedad económica también puede diseñarse.
Un ejemplo temprano fue Shannon, Irlanda, en 1959. Frente al declive, el gobierno creó una zona industrial con incentivos fiscales y aduaneros alrededor de su aeropuerto. Empresas pudieron importar insumos sin aranceles, ensamblar productos y exportarlos bajo reglas simplificadas. Shannon no tenía ventajas extraordinarias, pero las reglas correctas generaron actividad donde antes no la había. La política pública sustituyó a la geografía.
Desde entonces, las zonas económicas especiales se han multiplicado en el mundo. Países que dependían de materias primas diversificaron su economía mediante regímenes más competitivos. Ciudades pequeñas se transformaron en polos industriales o tecnológicos. El principio es consistente: cuando las reglas son claras, estables y eficientes, el capital y el talento responden.
Esta lección es particularmente relevante para Honduras. Históricamente hemos confiado en nuestra ubicación estratégica: nuestros puertos, nuestras tierras agrícolas, nuestra cercanía con Norteamérica. Pero en una economía global donde el capital y los servicios son móviles, la ubicación ya no basta. Los países compiten por la calidad de sus instituciones tanto como por su posición en el mapa.
Imaginemos ese mismo fenómeno impulsado deliberadamente mediante un diseño institucional más sólido. Un régimen especial puede simplificar trámites, reducir tiempos para abrir empresas, ofrecer estabilidad fiscal y establecer mecanismos eficientes para resolver disputas. Puede facilitar la importación de insumos, mejorar la logística y atraer inversión orientada a la exportación. Al concentrar reformas en un espacio determinado, se crea un laboratorio de competitividad con resultados visibles.
Para Honduras, las zonas económicas especiales representan esa oportunidad. No sustituyen la necesidad de fortalecer el Estado de derecho en todo el país, pero permiten avanzar estratégicamente. En lugar de esperar que todas las instituciones mejoren al mismo tiempo, una zona bien diseñada puede convertirse en un polo de desarrollo que genere empleo, inversión y transferencia de tecnología.
