Justicia Social en Honduras, entre la deuda histórica y la oportunidad de transformación

El 20 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para recordar que el desarrollo sostenible solo es posible cuando existe equidad, inclusión y acceso real a oportunidades. Para Honduras, esta conmemoración no es simbólica: es un recordatorio urgente de las brechas estructurales que históricamente han limitado el ejercicio pleno de los derechos humanos.

La justicia social implica garantizar acceso a educación, salud, empleo digno, seguridad y participación democrática. En Honduras, los indicadores reflejan avances modestos, pero también desafíos profundos.

Honduras continúa siendo uno de los países con mayores niveles de pobreza en América Latina. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza y alrededor del 40% en pobreza extrema, según datos oficiales recientes. Esto significa que millones de hondureños enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y acceso a servicios esenciales.

El empleo también representa un desafío estructural. Una parte significativa de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral. La falta de empleo formal limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar políticas públicas inclusivas.

En materia de educación, aunque se han ampliado coberturas, persisten altos niveles de deserción escolar en zonas rurales y comunidades vulnerables. El acceso desigual a tecnología y conectividad profundizó brechas tras la pandemia. Sin educación de calidad, la movilidad social se vuelve casi imposible.

En el ámbito de salud, el sistema sanitario enfrenta limitaciones presupuestarias, infraestructura insuficiente y escasez de medicamentos en hospitales públicos. Las poblaciones rurales y garífunas experimentan mayores obstáculos para acceder a atención médica oportuna.

La desigualdad de género también forma parte del debate sobre justicia social. Honduras registra altos índices de violencia contra la mujer y limitaciones en participación económica femenina, lo que compromete el desarrollo integral del país.

El nuevo gobierno enfrenta una tarea compleja: traducir el discurso de justicia social en políticas públicas sostenibles. No basta con programas asistencialistas de corto plazo; se requiere una reforma estructural que combine crecimiento económico, transparencia institucional y enfoque de derechos humanos.

Uno de los principales desafíos es fortalecer el Estado de derecho. Sin instituciones sólidas y confiables, cualquier política redistributiva pierde credibilidad. La corrupción histórica ha erosionado la confianza ciudadana y ha limitado la inversión social efectiva.

La migración es otro indicador de injusticia social. Miles de hondureños continúan migrando hacia el norte en busca de oportunidades. La falta de empleo, inseguridad y carencia de servicios básicos empujan a las familias a asumir riesgos extremos. Reducir la migración forzada implica generar condiciones dignas dentro del país.

Sin embargo, también existen oportunidades. Honduras posee una población joven que puede convertirse en motor de desarrollo si se invierte en formación técnica y empleo productivo. Sectores como agricultura sostenible, turismo y energías renovables podrían generar crecimiento inclusivo.

El fortalecimiento de alianzas internacionales, así como la cooperación regional, puede contribuir a programas de desarrollo social con mayor impacto. Pero la clave sigue siendo la voluntad política interna. Como señala Amartya Sen, el desarrollo no debe medirse únicamente por el crecimiento económico, sino por la expansión de las libertades reales de las personas.

En Honduras, esto significa garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la información, a la educación, al trabajo y a la seguridad sin discriminación ni exclusión.

Desafíos concretos para el nuevo gobierno, reducir la pobreza extrema con programas sostenibles de generación de ingresos, formalizar el empleo y fortalecer la seguridad social, invertir prioritariamente en educación pública y digitalización, modernizar el sistema de salud con enfoque territorial, combatir la corrupción con transparencia real y rendición de cuentas, garantizar protección efectiva a mujeres y poblaciones vulnerables.

La justicia social no es un concepto abstracto; es la base de la estabilidad democrática. Sin equidad, la polarización crece. Sin oportunidades, aumenta la frustración social.

El Día de la Justicia Social debe ser más que una fecha en el calendario. Para Honduras, representa una encrucijada histórica: o se consolida un modelo que combine responsabilidad con enfoque de derechos humanos, o se perpetúan ciclos de desigualdad que alimentan migración, violencia y desconfianza institucional.