Defensores de Honduras pide al Congreso activar juicio político ante crisis institucional

La organización Defensores de Honduras emitió el Comunicado 08–2026 en el que solicita al Congreso Nacional la activación inmediata de un juicio político, al considerar que la reciente crisis institucional ha afectado gravemente el orden constitucional y la estabilidad democrática del país.
En el documento, titulado “Declaración resumida — Defensa del orden constitucional”, la organización advierte que la situación actual pone en riesgo la confianza pública, la vigencia del Estado de derecho y la supremacía constitucional. Señala que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y que todos los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones dentro de los límites legales y bajo mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
Asimismo, sostiene que cuando estos mecanismos no se aplican frente a hechos que comprometen la institucionalidad, se debilita el sistema democrático. En ese sentido, recuerda que el Congreso Nacional tiene el deber constitucional de garantizar la vigencia de la Carta Magna mediante la activación de instrumentos de control, entre ellos el juicio político, como vía legítima para determinar responsabilidades de altos funcionarios por acciones u omisiones que hayan contribuido a alterar el orden constitucional.
En consecuencia, Defensores de Honduras exige la activación inmediata del proceso correspondiente y exhorta a todas las instituciones del Estado a actuar con estricto apego a la Constitución y al principio de responsabilidad pública. También reafirma el derecho del pueblo hondureño a contar con un gobierno sujeto a la ley y al control constitucional.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad democrática internacional a mantenerse vigilante en defensa del orden constitucional en Honduras. El comunicado fue emitido en Tegucigalpa, M.D.C., el 2 de marzo de 2026, y concluye subrayando que la defensa de la Constitución es un deber ineludible para preservar la democracia y los derechos fundamentales de la población.




