Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial de Honduras, informó que la orden de captura vigente contra el expresidente Juan Orlando Hernández se mantiene, luego de que un juez declarara sin lugar la solicitud de revocatoria presentada por la defensa legal del exmandatario. La decisión implica que las fuerzas de seguridad continúan facultadas para ejecutar la orden de captura pendiente por los delitos que se le imputan.
La acusación presentada contra Hernández y otros siete involucrados señala que entre los años 2010 y 2013 se realizaron supuestas ampliaciones y aprobaciones de desembolsos a través de organizaciones no gubernamentales para un financiamiento que, según la Fiscalía, habría sido utilizado para campañas políticas. El monto total de estos recursos asciende a más de 62 millones de lempiras. Según explicó Silva, “la orden de captura tiene carácter de vigente y puede ser ejecutada por las fuerzas de seguridad”, reiterando que el proceso judicial contra el expresidente continúa su curso normal.
El caso contra Hernández forma parte de una investigación por delitos de lavado de activos y fraude, entre otros posibles ilícitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y su presunta vinculación con actividades de financiamiento político. A lo largo de los años, el exmandatario ha enfrentado varias investigaciones por corrupción y manejo irregular de recursos durante su administración, pero este proceso judicial es uno de los más relevantes debido al monto involucrado y a la participación de múltiples funcionarios y allegados en las operaciones financieras cuestionadas.
El Poder Judicial indicó que, pese a los intentos de la defensa de suspender la orden de captura, la Corte ha reafirmado que las medidas legales contra Hernández se mantienen vigentes, y cualquier intento de reactivar la revocatoria deberá ajustarse estrictamente a los procedimientos legales establecidos. El caso mantiene a la ciudadanía y al sector judicial en alerta sobre los próximos pasos que tomarán las autoridades competentes en el seguimiento de este proceso penal de alto perfil.
