María Antonieta Mejía y Carlos Cano responden a Manuel Zelaya: “Exigir responsabilidad no es persecución”
La designada presidencial María Antonieta Mejía y el jefe de bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, respondieron a las publicaciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales en X, reafirmando que exigir responsabilidad y aplicar la ley no constituye persecución, sino la defensa de la institucionalidad y el debido proceso en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. El expresidente Manuel Zelaya Rosales publicó en su cuenta de X que la próxima semana la iniciativa de juicio político contra el consejero del CNE Marlon Ochoa sería una “declaración de guerra contra el pueblo hondureño”, señalando que la acción busca silenciar al único testigo presencial del supuesto fraude del TREP y consolidar un control absoluto del sistema electoral por parte del Partido Nacional.
En respuesta, la designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que exigir responsabilidad no es persecución, sino defender principios y la institucionalidad del país. Mejía recordó que Honduras ha sufrido las consecuencias de decisiones arbitrarias y obstrucción de procesos clave, y enfatizó que quienes buscan victimizarse no pueden evadir su responsabilidad frente al pueblo y al sistema electoral. “Aplicar la ley no es golpismo, y asumir consecuencias no es victimización. La democracia en Honduras no se negocia, no se manipula y se defiende”, agregó.
El jefe de bancada del Carlos Cano también se pronunció, señalando que Zelaya pretende politizar un tema institucional, utilizando victimización anticipada y señalamientos sin sustento. Cano recordó que no existe persecución y que cualquier proceso debe resolverse mediante el debido proceso, dentro de la ley.
Asimismo, Cano enfatizó que, si confían en su “héroe”, Zelaya tiene la oportunidad de presentar pruebas y responder ante las autoridades, subrayando que en Honduras nadie está por encima de la ley.
Estas reacciones reflejan un consenso entre la designada presidencial y el Partido Nacional sobre la necesidad de proteger la institucionalidad y garantizar que la justicia se aplique sin sesgos políticos, frente a las acusaciones y publicaciones del exmandatario que buscan polarizar la discusión sobre el juicio político.
