El miembro de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, informó sobre importantes hallazgos durante el proceso de depuración en la Secretaría de Planificación Estratégica, entre ellos, personas que habrían estado devengando altos salarios sin residir en el país.
Según detalló, se han identificado varios casos de empleados que percibían sueldos superiores a los 50 mil lempiras mientras se encontraban en el extranjero. “Van a tener que devolver hasta el último cinco”, advirtió, al referirse a quienes habrían cobrado sin cumplir con sus funciones.
Núñez explicó que actualmente se está en la fase de notificación del personal, proceso en el cual más de 1,400 empleados ya han sido informados sobre su situación laboral. Asimismo, indicó que aún faltan alrededor de 150 personas por notificar, quienes deberán presentarse en los plazos establecidos.
El funcionario también advirtió que aquellos trabajadores que no se presenten y no hayan sido notificados formalmente podrían enfrentar despido sin derecho a prestaciones laborales, bajo la figura de abandono de trabajo, con el acompañamiento de inspectores de la Secretaría de Trabajo y del Servicio Civil.
En cuanto a los hallazgos, señaló que además de personas fuera del país, se detectaron irregularidades como incapacidades médicas presuntamente falsas y empleados que cobraban salarios en más de una institución pública de manera simultánea.
El miembro de la Comisión Liquidadora indicó que, en estos casos, se iniciarán los procesos legales correspondientes, incluyendo denuncias y auditorías para determinar responsabilidades.
Por otro lado, aseguró que se está priorizando el pago de prestaciones a los empleados que sí laboraron, aunque también reconoció que el Estado mantiene deudas con empresas y otros acreedores.
Finalmente, Núñez aclaró que se hará una excepción en casos de personas con enfermedades crónicas o discapacidades, quienes serán evaluadas para garantizar su continuidad laboral y el acceso a ingresos.
Las autoridades continúan con las investigaciones y auditorías para determinar el número exacto de personas involucradas en estas irregularidades y proceder conforme a la ley.
