Parlamento de Israel aprueba ley para aplicar pena de muerte a palestinos condenados
El parlamento israelí aprobó una ley que establece la pena de muerte como castigo predeterminado para palestinos de la Ribera Occidental condenados por ataques que causen muertes, generando críticas de organizaciones internacionales y líderes palestinos por considerarla discriminatoria y contraria al derecho internacional.
Israel. El parlamento israelí aprobó este lunes una controvertida ley que establece la pena de muerte como castigo por defecto para palestinos de la Ribera Occidental condenados por ataques que resulten en muertes, considerados actos de terrorismo por los tribunales militares. La medida fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra.
Según el texto legal, la pena capital será impuesta por ahorcamiento y se convertirá en el castigo predeterminado para quienes sean hallados culpables de asesinatos con motivación terrorista por cortes militares en la zona ocupada. En casos excepcionales, los jueces podrán optar por cadena perpetua en lugar de la pena máxima.
La legislación responde a años de presión por parte de sectores de extrema derecha dentro del gobierno israelí, especialmente del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben‑Gvir, quien defendió públicamente la medida como parte de un endurecimiento de las penas contra quienes cometen ataques letales. El primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del proyecto.
La ley aplica principalmente a palestinos residentes de Cisjordania que son juzgados en tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes que cometan delitos equivalentes pueden ser juzgados en tribunales civiles, donde la pena de muerte no es automática.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, así como varios gobiernos europeos, criticaron la medida por considerarla discriminatoria y contraria al derecho internacional, argumentando que la pena de muerte no cumple con estándares de justicia y podría aplicarse de forma desigual.
Dirigentes palestinos y grupos de derechos civiles también condenaron la aprobación de la ley, calificándola de violación de los derechos humanos y una escalada en el tratamiento legal de los palestinos bajo la ocupación. El texto prevé que las ejecuciones se lleven a cabo dentro de los 90 días posteriores a la condena, aunque enfrenta posibles impugnaciones legales en tribunales superiores.
