El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, junto a los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), tras el inicio del proceso de juicio político en su contra impulsado por el Congreso Nacional de Honduras.
Morazán explicó que la acción legal busca detener un procedimiento que, a su juicio, vulnera el derecho de defensa y la independencia judicial, además de señalar que no se les ha permitido el acceso completo a la documentación del expediente relacionado con el caso.
El magistrado afirmó que la Ley de Juicio Político aplicada por el Congreso Nacional no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y contradice lo establecido en la Convención Americana.
“Recuérdense que los mecanismos de control que tiene nuestro sistema político son bastante escasos, pero en un Estado de Derecho ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional”, expresó Morazán al justificar la presentación del recurso.
Agregó que el Estado de Honduras estaría incumpliendo la sentencia Gutiérrez Navas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual —según indicó— ordena reformas al marco normativo por ser contrario a derechos fundamentales.
“Y todo eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana y en la sentencia Gutiérrez Navas le ha pedido al Estado de Honduras que reforme esa ley por ser contraria a la Convención Americana”, sostuvo.
Morazán señaló además que los integrantes de la comisión especial del Congreso ya habrían emitido opiniones previas sobre el caso, lo que, a su criterio, compromete la objetividad del proceso.
“Estamos siendo juzgados por una comisión cuyos miembros, varios de ellos, ya han vertido sus juicios. Entonces no hay posibilidad de un procedimiento objetivo e imparcial”, afirmó.
El magistrado no confirmó si asistirá a la audiencia programada en el Congreso Nacional, pese a haber sido citado para comparecer ante la Comisión Especial de Juicio Político a las 11:00 de la mañana.
Finalmente, reiteró que la aplicación de la normativa actual podría generar responsabilidad internacional para el Estado de Honduras por incumplimiento de tratados en materia de derechos humanos.
