Se trata del caso de fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) como un ejemplo donde el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no encontró indicios, pero el Ministerio Público presentó acusaciones.
En el caso del IHSS, que provocó un fraude de 6,000 lempiras al Estado y por el cual exfuncionarios ya fueron condenados, analistas dijeron que el TSC determinó que no existía indicios de responsabilidad penal, y aún así el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales.
Cuando se le preguntó sobre un posible doble juzgamiento, el abogado penalista Salomón Amador negó la posibilidad, argumentando que se trata de una situación administrativa en el TSC.
«Es una situación meramente administrativa en un órgano administrativo. El único que puede juzgar es el Poder Judicial a través de sus jueces y magistrados, una resolución administrativa no extingue la acción penal», mencionó.
Amador destacó la defensa posible de falta de acción, pero descartó la viabilidad del doble juzgamiento.
«Lo que puede argumentar la defensa es falta de acción, pero doble juzgamiento no pueden alegar», expresó Amador.
Chávez, presidente del Partido Nacional, enfrenta acusaciones de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con su gestión como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013.
El pasado 28 de noviembre se giró una orden de captura en su contra, pero actualmente se encuentra prófugo.
Amparo
Años atrás, la Sala de lo Constitucional había otorgado un amparo tanto a David Chávez como a otras ocho personas imputadas. Este amparo se basó en una resolución del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que no encontró indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Chávez afirmó, días antes de la orden de captura, que esto constituía «cosa juzgada», mientras algunos analistas plantean la posibilidad de encontrarse al borde de un doble juzgamiento.
El abogado penalista Raúl Suazo, por su lado, consideró en entrevista con tunota.com que el Ministerio Público debe haber tenido en cuenta el amparo de la Sala de lo Constitucional al presentar su requerimiento fiscal, para evitar que se entrara en un debate sobre si existe o no un doble juzgamiento.
Además, mencionó que llama la atención que la CSJ se haya pronunciado en un tema que implicaba a un exmagistrado de ese tribunal, José Olivio Rodríguez.
«Es resaltable que uno de los implicados es el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez. Imagino que el Ministerio Público también ha considerado esta situación», expresó Suazo.
Además, sugirió que una condena demostraría un delito contra las arcas del Estado, no una persecución política.
«La única forma de comprobar si David Chávez y los demás imputados son objeto de persecución política es que sean hallados culpables y condenados», dijo.
Suazo destacó la importancia de conocer la documentación y argumentación del Ministerio Público para evaluar el posible doble juzgamiento.
Requerimiento
El requerimiento fiscal contra David Chávez y los demás imputados se fundamenta en la denuncia DMCP-001-2016 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acusando a Chávez, exdirector ejecutivo del Infop, de autorizar compras irregulares o sobrevaloradas.
El contrato en cuestión, relacionado con software y adiestramiento automotriz en Catacamas, Olancho, habría sido sobrevalorado y desviado en cerca de L21,000,000.00, involucrando presuntos delitos como fraude, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.
