Los comunitarios aseguraron que han asesinado a 10 habitantes solo por apoyar un proyecto minero en la zona y agradecieron al Fiscal General, Johel Zelaya, que escuchara personalmente sus denuncias
NOTA
Líderes comunitarios de la zona alta de Tocoa, Colón, que están a favor de la minería se reunieron con el Fiscal General, Johel Zelaya, para denunciar varias violaciones contra sus derechos y la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a las amenazas que hacen contra ellos grupos violentos de la zona.
Más de 50 personas, entre ellos: presidentes de patronato, Comité de viudas, campesinos, representantes de derechos humanos y pobladores en general viajaron más de 10 horas desde la zona montañosa de Tocoa hasta Tegucigalpa en busca de justicia y protección para los habitantes de la zona.
Los representantes de las comunidades expresaron su agradecimiento al Fiscal General por la apertura de recibirlos y escucharlos personalmente para conocer su situación de riesgo.
Según los comunitarios, grupos radicales de Tocoa ya han asesinado a 10 personas solo por estar a favor de un proyecto minero con el que buscan impulsar el desarrollo en sus comunidades.
Los comunitarios llevaron a las oficinas del Ministerio Público las actas de defunción de las víctimas y señalaron que los crímenes están en la impunidad.
«Todas esas muertes siguen sin justicia», lamentó Julio César Hernández, líder de al menos siete comunidades de montaña de Tocoa.
Hernández agregó: «Hicimos un gran esfuerzo por venir todos desde Tocoa hasta acá pidiendo ayuda y justicia y por eso agradecemos al Señor Fiscal General habernos recibido y escuchado».
El líder comunitario contó que ante los abusos y crímenes contra ellos, han conformado el Comité para la Paz y Desarrollo de Tocoa (Copade), con el que buscan garantizar que se respeten los derechos de las comunidades.
«Ya recibimos muchos golpes y queremos que nos respeten nuestros derechos. Hay una empresa minera, Inversiones Los Pinares, que apoyaba nuestras comunidades y ahora no la dejan operar y dejaron a más de 800 personas sin trabajo y quedaron en el aire los proyectos de escuelas, calles y salud con que nos ayudaban. Nosotros somos los primeros en cuidar nuestros ríos y tierras y sabemos que la empresa ha cumplido las leyes, hasta han llegado autoridades a hacer pruebas y no hallaron nada malo, entonces por qué nos siguen cerrando esta puerta para que se desarrollen nuestras comunidades y mejore la vida de nuestros hijos», expresó Hernández.
El comunitario dijo que: «quienes se oponen a la minera son falsos ambientalistas que ni siquiera pertenecen a la zona de influencia y por años ese grupo ha metido miedo en Tocoa amenazando a quienes apoyamos al proyecto».
Los habitantes también denunciaron que se violentaron sus derechos en el Congreso Nacional, donde afirman que sin consultar a las comunidades y sin seguir los debidos procedimientos, el mes anterior fueron ampliados los límites de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos «Carlos Escaleras».
«Nosotros somos familias enteras que vivimos en esas zonas desde antes de 1980 y tenemos nuestros terrenos ahí desde mucho antes que se inventaran crear un parque y poner límites. Ahora dicen que van a ampliar esos límites de zona núcleo, pero eso no se puede, porque tienen que respetar nuestros derechos y no hacer cosas a lo loco en el Congreso, porque ahí están nuestras casas y propiedades», criticó Hernández.
Miembros de la Asociación de Ambiente, Derechos Humanos y Justicia (ADJ) dieron acompañamiento a los grupos campesinos.
Heriberto Alemán, de ADJ, declaró que «El Fiscal General ha dicho que el deber del Ministerio Público es escuchar al pueblo que clama justicia y él mostró su buena disposición al recibir a los habitantes de estas comunidades y conocer sus denuncias en persona. Confiamos en que buscará que se haga justicia por las muertes violentas de estas personas que estaban en su derecho de apoyar ese proyecto minero, porque el derecho a la vida es fundamental y universal», afirmó.
