El Parlamento de Nicaragua reforma la Constitución para reducir fondos al Poder Judicial
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves en primera legislatura en Managua una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el porcentaje mínimo del 4 % del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
La reforma constitucional, aprobada por los 91 legisladores nicaragüenses, establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones, la cual estará sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo.
Los legisladores sandinistas, promotores de la enmienda, argumentaron que esas reformas persiguen «homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria».
En 2023 el Poder Judicial recibió 154,21 millones de dólares, equivalente al 4 % del Presupuesto General de la República.
Un porcentaje igual, del 4 % (196,03 millones de dólares), tiene proyectado recibir en el 2024, según la iniciativa de Ley Anual del Presupuesto de la República, que debe ser aprobado, según la Ley, antes del 15 de diciembre próximo.
Para poder eliminar el 4 % constitucional asignado en el Presupuesto General de la República, la reforma debe ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.
Los diputados también reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios realizados en la Carta Magna.
En esa ley, los legisladores reformaron el artículo que establecía que la modificación de las partidas presupuestarias se originaba únicamente por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y que era aprobada luego por el Parlamento.
Además se eliminó la facultad que tenía la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto.
Para el abogado nicaragüense exiliado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, las reformas aprobadas este jueves «no son poca cosa», sino que representan «un retroceso de más de 50 años de institucionalidad”.
«Están acabando con el mínimo de independencia y autonomía” que le quedaba al Poder Judicial, que está supeditado al Poder Ejecutivo, comentó Morazán en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
