Inicia juicio oral a exgerente de la ENEE por caso de proyecto de electrificación en Intibucá
Este lunes empezó el juicio oral y público al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, acusado por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios, informó el Ministerio Público.
Por este caso también está señalado el exdirector del Fondo Social Desarrollo Eléctrico (Fosode), Mario Ricardo Cardona Flores, por violación de los deberes de los funcionarios.
Ambos exfuncionarios no siguieron los requisitos legales en un proyecto de electrificación para la comunidad de El Rodeo, Intibucá, el cual no fue ejecutado, pese a que se retiraron los materiales en 2017.
En esta etapa del proceso, fiscales anticorrupción de la regional de Comayagua evacuarán unos 50 medios de prueba ante el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, a fin de demostrar que ambos exfuncionarios incurrieron en responsabilidad penal.
Según el expediente, ambos exfuncionarios omitieron algunos lineamientos de verificación de proyectos, aprobando la salida de materiales del almacén central de la estatal eléctrica, por un monto de 722 mil 83 lempiras con 55 centavos.
Igualmente, también se presentó la solicitud de antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá, Selvin Sadí Márquez Euceda, por suponerlo responsable del delito de malversación de caudales públicos, el cual fue declarado “con lugar” por la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no autorizó al Ministerio Público para iniciar la acción penal y ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría especial.
De acuerdo con las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 17 de noviembre del 2017, el regidor fue quien retiró del almacén central de la ENEE los materiales que según la solicitud estaban destinados para la electrificación de la comunidad de El Rodeo, Intibucá.
Mediante inspección realizada el 5 de abril de 2021, se constató que el proyecto no se ejecutó, causando un perjuicio al Estado, ya que se desconoce el destino de los materiales.
