El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, denunció este martes en Atlanta, durante la décima Conferencia Anticorrupción de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (COSP10, por sus siglas en inglés) que los sobornos, el nepotismo y el débil sistema de justicia, son los principales retos del empresariado en Honduras.
En su participación en el foro “Uniendo a los líderes para una agenda global de integridad empresarial”, donde Yibrín compartió escenario con la jefa de Gobernanza y Anticorrupción del Pacto Mundial de ONU, Cristina Ritter; el director de Gobernanza Pública de OCDE, Julio Bacio Terracino y la asistente del Administrador de USAID, Shannon Green, destacó que el mayor desafío para el sector es la corrupción gubernamental.
Por un lado dijo que en Honduras, el soborno, el nepotismo, los permisos y las contrataciones públicas, lideran los desafíos para el gremio, a lo que se le suma “un sistema judicial débil que no está dispuesto o no es capaz de perseguir estos crímenes”.
Por otra parte, mencionó que en el país es difícil asegurar la voluntad política para la lucha contra la corrupción, donde “no todos los actores en el Gobierno o en el Congreso Nacional tienen el mismo compromiso que otros”.
Yibrín dijo que para el sector privado hondureño representa un reto el hecho de que una minoría de empresas responda a los incentivos que crea el entorno corrupto.
“Para desviar la atención de su corrupción, el Gobierno realiza campañas culpando al sector privado por todo”, afirmó, al agregar que los funcionarios y sus allegados también tienen que legalizar sus operaciones para poder acceder a contratos gubernamentales, lo que efectivamente los convierte en parte del «sector privado».
El empresario dijo además que el sector privado también debe navegar en un entorno donde el comportamiento ético puede significar una desventaja competitiva ante aquellos que sobornan para obtener permisos, licencias o para agilizar procedimientos burocráticos.
Ante este escenario, el Cohep aboga por leyes y regulaciones anticorrupción más sólidas con mecanismos efectivos de aplicación, además de fomentar una colaboración más profunda con la sociedad civil y organizaciones internacionales para crear un frente unido contra la corrupción.
Yibrín afirmó que el Cohep aprobó un código de ética e integridad en 2019, y un comité anticorrupción, en torno a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Este último trabaja en base a la cleptocracias, el lavado de dinero, los mercados negros y “recientemente nos unimos a Transparencia Internacional y la Alianza para Centroamérica, que es una iniciativa de la vicepresidenta Kamala Harris para atraer inversión a Centroamérica”, refirió.
Adelantó que el comité trabajará con proyectos de cooperación internacional, siendo el primero «Justicia Efectiva», con USAID, que tiene actividades importantes para fortalecer la capacidad del sector privado para luchar contra la corrupción.
“El objetivo de este proyecto de ley era tratar de asegurar un proceso de selección más meritocrático, especialmente al crear la lista corta de magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General, lamentablemente, algunos de los aspectos más críticos de la ley no fueron aprobados”, dijo Yibrín al detallar que no se logró que los nuevos funcionario no tuvieran relación con un bufete de abogados que represente a personas acusadas de corrupción, narcotráfico o crimen organizado.
