Con el objetivo de reforzar la protección a los sectores más vulnerables, el Ministerio Público ha puesto en marcha la Operación Nacional VIII. Esta iniciativa incluye la presentación de requerimientos fiscales, la ejecución de órdenes de captura y una serie de operativos e inspecciones a nivel nacional. Los 18 departamentos del país serán escenario de estas acciones, que buscan hacer frente a delitos que afectan principalmente a niños, niñas, adultos mayores y comunidades indígenas.
Uno de los ejes centrales de la operación recae en la Fiscalía de Protección a la Niñez, que se encargará de realizar múltiples operativos y capturas de personas acusadas de violaciones de derechos, explotación infantil y delitos sexuales. La lucha contra la explotación infantil será complementada por la Unidad Contra la Trata de Personas, la cual llevará a cabo inspecciones en centros nocturnos para verificar la posible presencia de menores de edad. Además, esta unidad presentará requerimientos fiscales relacionados con delitos de pornografía infantil y tráfico ilícito de personas.
Asimismo, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural tomará un rol clave al revisar centros de detención juvenil para investigar posibles vulneraciones de los derechos de menores pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Otro componente relevante de la operación incluye a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, que en colaboración con la Dirección del Consumidor y la Secretaría de Salud, realizará inspecciones en restaurantes, hoteles, piscinas y tiendas de conveniencia para verificar las condiciones de higiene, la caducidad de productos y la salubridad de los alimentos. De igual forma, se llevarán a cabo revisiones en empresas de transporte terrestre para garantizar que se otorguen los descuentos correspondientes a los adultos mayores.
Por su parte, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutarán allanamientos de morada para capturar a individuos sospechosos de estar involucrados en delitos de criminalidad organizada.
En un esfuerzo por prevenir futuros delitos, los Módulos de Atención Integral Especializados (MAIE), junto con las fiscalías de protección a la Mujer y Niñez, impartirán charlas en centros educativos para educar a los estudiantes sobre los peligros de la trata de personas y otros delitos. Además, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas, se organizará una feria de promoción de derechos para niños, niñas y adolescentes, que también incluirá un componente de salud.
La Operación Nacional VIII refleja el compromiso del Estado en la lucha contra la criminalidad y la protección de los sectores más vulnerables, con un enfoque integral que abarca tanto la aplicación de la ley como la prevención y promoción de derechos.
