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Fracasa nueva reunión y continúa el estancamiento en la negociación del salario mínimo

La quinta reunión de la mesa tripartita para definir el reajuste al salario mínimo en Honduras finalizó nuevamente sin acuerdo entre los sectores trabajador, empresarial y el Gobierno, manteniendo estancado el proceso de negociación.

El encuentro buscaba acercar posiciones entre las partes, sin embargo no se logró consenso, lo que incrementa la incertidumbre ante la proximidad del 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente se espera la definición del ajuste salarial.

El representante del sector obrero, Josué Orellana, manifestó su preocupación por la falta de avances y advirtió que el tiempo para llegar a un acuerdo se está agotando.

Orellana explicó que la propuesta de los trabajadores se mantiene entre un incremento del 7 % y el 8 %, argumentando que el ajuste debe responder al aumento del costo de vida.

Aunque reconoció que las diferencias entre las partes se han reducido, señaló que aún no existe voluntad suficiente para cerrar el acuerdo, pese a que la brecha sería mínima.

El dirigente criticó la falta de respuesta del sector empleador y sostuvo que existe margen para alcanzar un consenso que beneficie a los trabajadores.

Ante la falta de avances, el sector obrero no descarta que el Poder Ejecutivo deba intervenir para definir el porcentaje de aumento si no se logra un acuerdo en el corto plazo.

Los representantes sindicales indicaron que aún queda un plazo aproximado de dos semanas para intentar concretar la negociación antes de una eventual decisión gubernamental.

Otro de los puntos en discusión es la aplicación de la retroactividad del ajuste salarial desde el mes de enero, con el objetivo de compensar los meses transcurridos del año.

La ausencia de un acuerdo ha generado preocupación en distintos sectores laborales, que esperan una pronta definición ante la importancia del salario mínimo en la economía nacional.

Las partes acordaron continuar con las reuniones en los próximos días, en un intento por evitar que el proceso termine en una determinación unilateral del Gobierno.

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